sábado, 10 de junio de 2017

EL COSNTITUCIONAL DECLARA "NULA" LA AMNISTÍA FISCAL DE 2012

La amnistía fiscal impulsada por el Gobierno no fue constitucional. Así lo ha declarado el Pleno del Tribunal Constitucional por unaminidad estimado un recurso prestado por el PSOE contra la regularización. 
El recurso entendía que esta normativa favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados mientras que los contribuyentes, cumplidores pagan el 43%. La amnistía fiscal generó unos ingresos para las arcas públicas de 1200 millones de euros, menos de la mitad de lo previsto. 
La declaración no tiene carácter retroactivo para garantizar la seguridad jurídica, de manera que no afectará a los 30000 contribuyentes que se acogieron a la medida y irregularizaron su patrimonio coulto fuera del país, entre ellos miembros de la familia Pujos, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el extesorero del PP Luis Bárcenas...
El PSOE, que fue quien presentó el recurso ante el tribunal, ya ha reclamado la dimisión del ministro de hacienda Montoro. 
El portavoz del Gobierno Méndez de Vigo considera que la medida fue un hecho excepcional ya que se hizo en un momento de crisis y afirma que Montoro tiene todo el apoyo del ejecutivo y comparecerá en el congreso para explicar la sentencia judicial.

CONLUSIÓN:
Todos tenemos el deber de contibuir al sostenimiento del gasto público (sanidad, educación, defensa y seguridad, infraestructuras, etc...) y una de las formas de hacerlo es mediante el impuesto del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas) que se debe realizar cada año. Todos debemos pegarlo porque es un beneficio para todos. 
Los que se acogieron a la amnistía fiscal habían incumplido su deber de tributar, pero gracias a esto se colocaron en una situación más favorable que la de los que habían cumplido voluntariamente y en su plazo su obligación de contribuir.
No cumplir con la obligación de pagar a Hacienda en el plazo establecido lleva una multa de 100 a 400 euros, además si lo pagas fuera de fecha lleva un sobre coste del 20%, más los intereses de demora si se tarda mucho en pagar. Si al final el contribuyente no paga se procede al embargo de los bienes para cobrar la cantidad.
Esto no les ocurrió a los acogidos a la amnistía que no tuvieron que pagar los intereses de demora ni recargos adicionales, y tampoco habia investigaciones penales, o sea que pagaron y no hubo consecuencias. Claramente hubo un trato de favor a los defraudadores que no le ocurre al contribuyente norma.

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